Usted dirige el Frente de Defensa Salvemos Chaparrí. ¿Cómo nace este grupo de trabajo?
El Frente de Defensa Salvemos Chaparrí nació en el 2016; más o menos, en octubre. Nació como una constatación de que los mecanismos formales y legales que tenían los comuneros de la comunidad campesina Muchik Santa Catalina para proteger su territorio habían quedado, prácticamente, en una situación de imposibilidad de uso debido a factores externos.
Así, se quedaron sin la posibilidad de utilizar sus derechos comunales para defenderse. En esa perspectiva es que con un grupo de voluntarios y los comuneros afectados decidimos formar un frente de defensa para tratar, primero, de defender los derechos de la comunidad, defender los derechos de los comuneros y defendernos de lo que veíamos como principal peligro. Es decir, buscábamos defender el área protegida nacional estratégica de Lambayeque.
En ese contexto nace. Como una respuesta hacia una agresión externa hacia la comunidad y a los creadores de la reserva, los comuneros de la comunidad de Chongoyape.
¿Qué lo lleva a interesarse, en un inicio, en temas ambientales?
Para ser honesto, en mi devenir laboral no es que no haya tenido perspectiva de la relevancia del tema medio ambiental, sino que no había entendido que abordar temas ambientales realmente es una situación de riesgo extremo.
Hay muchos intereses que tratan de dar un uso diferente a espacios estratégicos. Y para dar un uso diferente no ven ni valoran el uso que le dan los dueños del territorio, los que están en el territorio. Simplemente buscan imponer esos nuevos usos. Esto genera una situación de conflictividad y muchas veces genera un conjunto de abusos.
Antes de interesarme el tema natural, lo que me inspiró fue la indignación. Se les robaba territorio a los comuneros y el Estado era indiferente a esta situación. Frente a eso, esa desesperación de que el Estado no nos protegía, nos pusimos a defender sus derechos.
Primero, a través de este proyecto que tenían, la Reserva Ecológica de Chaparrí. Poco a poco fuimos entendiendo que la conservación no es una actividad donde todo está verde, vamos a ver el arcoíris y van a estar las aves volando. Hacer conservación es un conflicto permanente. (…) Estamos en una situación, literalmente, de guerra.
El caso más reciente al que se ha enfrentado está aparentemente relacionado a una marca de café reconocida. Quisiera que me cuente un poco más acerca de este caso.
En los últimos meses, en setiembre exactamente, un sector de la comunidad había recibido una serie de ataques por parte de personas que se presentaban como trabajadores de la empresa San Juan, una exportadora agrícola (titular de la marca de café Altomayo). Esta empresa está ubicada al lado de la comunidad. Lo que querían estos señores era ampliar sus linderos; es decir, ampliar sus territorios con el terreno de la comunidad.
Esto originó varios conatos. Un hecho muy delicado fue una brutal agresión contra varios comuneros; entre ellos, la comunera Victoria Ruiz Gonzáles, quien fue prácticamente secuestrada. La sacaron de su vivienda, la arrastraron al territorio donde ellos dicen que es la empresa y la golpearon salvajemente. Solo la dejaron cuando llegó la policía con el presidente de la comunidad.
Si no hubieran llegado a tiempo, estaríamos hablando de que otro mártir en la defensa del territorio de Chaparrí. Lo paradójico de la situación es que se ha denunciado esta situación y, a pesar que hubo cierta lentitud en atender las denuncias, fueron puestas ese mismo día. Sin embargo, los comuneros agredidos están respondiendo ante la fiscalía porque ahora ellos están acusados de invadir tierras de la empresa.
Y así sucedieron varios casos dentro de la comunidad. Seis comuneros estarán enfrentando juicio oral en enero, acusados de ser personas que afectan el ambiente. Hay posibilidad de que vayan a prisión entre cuarto a cinco años, tiempo que la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental está pidiendo.
Es decir, los defensores de la comunidad, los que crearon Chaparrí, los que han enfrentado a estas organizaciones criminales para proteger uno de los pulmones de Lambayeque -porque Chaparrí es más del 50% del área protegida de bosques de Lambayeque-, estos comuneros que deberían tener premios y reconocimientos, están a punto de ir a prisión.
¿Qué tipo de apoyo legal reciben los comuneros que responden ante la fiscalía?
Hay que reconocer que sí hubo un movimiento nacional e internacional para ayudar a que los comuneros y activistas que hemos sido víctimas de procesos de criminalización. Nosotros sabemos muy bien lo que es ser tildado de delincuente, de criminal, de terrorista. Hubo campañas radiales durante meses donde hemos sido tildados de terroristas, de líderes de organizaciones criminales. Todo por ejercer la protección y el derecho de protestar frente a estas injusticias.
Incluso las Naciones Unidas se pronunciaron en dos oportunidades, lo que es muy poderoso. Pero estas organizaciones criminales que están en Chaparrí se creen más poderosos. Muchas organizaciones continúan apoyándonos, también hay entidades del Estado que se van activando por la presión. Tenemos también a la Defensoría del Pueblo, cuyo rol ha sido muy importante para discernir algo que venimos denunciando hace años: el tema de fondo acá es que el gobierno regional quiere construir una represa dentro del área protegida de Chaparrí.
Eso lo denunciamos, el gobernador, en su momento, decía que era falso. A través de la Defensoría del Pueblo se logró que se entregue la documentación que demostraba que el proyecto estaba para construirse dentro del área protegida.
Mencionó que el fondo del conflicto es que el gobierno regional busca construir una represa dentro del área protegida. ¿A quién buscarían favorecer con la construcción de esta represa?
Después de varios años de investigación y de entender qué es lo que realmente sucedía con los comuneros, fuimos descubriendo la existencia de este proyecto que habría nacido formalmente en el 2009. Inicialmente tenía un valor aproximado de 88 millones de dólares.
Este proyecto está dentro de un proyecto más grande que se llama el Plan Hidráulico de Lambayeque, considerado por el Consejo Regional como estratégico para la región.
Para el 2012, este proyecto ya contaba con un perfil técnico. Pero ya no es de 88 millones, sino de aproximadamente 135 millones de dólares. Ya para el 2015, cuando comienza el problema en Chaparrí, que llegan personas que no eran de la comunidad y de repente ellos aparecen como comuneros, descubrimos que ya se estaba negociando con una empresa que se llama Queiroz Galvão, una empresa brasileña que formaba parte del conjunto de empresas brasileñas que estaban involucradas en los escándalos de LavaJato, caso que descubrimos años después.
Es decir, se estaba negociando el proyecto con una empresa LavaJato, pero ya no eran los 135 millones de dólares; sino que, según reportes periodísticos, se hablaba de entre 600 y 700 millones de dólares. Yo me di el trabajo de revisar el perfil técnico y no aparece el beneficiario del proyecto. Alguien que ha trabajado en proyectos sabe que lo que tienes que decir es el beneficiario final, concreto.
Esto recién lo pudimos saber en el 2017, cuando nuestra área de investigación encontró que el ministro de agricultura le preguntó al gobernador regional quién sería el beneficiario y este el respondió que serían las pampas de Reque. ¿A dónde va todo esto? En el 2009, más o menos, el Grupo Gloria compró dos mil hectáreas de las pampas de Reque.
Y recién en el 2019 nos enteramos que el principal beneficiario de la irrigación serían las pampas de Reque. (…) Es obvio que alguien tenía información privilegiada para comprar dos mil hectáreas de desierto. (…) Muchas coincidencias. Revisando el recorrido del agua, hay agroexportadoras que se beneficiarían también de esta irrigación. Hay información que se oculta, incluso a las entidades más altas del Estado.
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